Áreas estratégicas mineras

¿QUÉ SON LAS ÁREAS ENTRATÉGICAS MINERAS (AEM)?

tierradigna

Una figura jurídica creada para demarcar bloques mineros sobre un quinto de Colombia y posteriormente adjudicarlos a inversionistas del sector minero.

La Corte Constitucional suspendió esta figura en 2016 porque la demarcación de los bloques vulneró el derecho a la consulta previa e incurrió en otras vulneraciones de derechos. Te explicamos cuáles y por qué.

Entre 2006 y 2010, la superficie de Colombia solicitada para minería incrementó casi ocho veces. Conocida como la “piñata de los títulos mineros,” esa forma acelerada de recibir solicitudes presentaba graves irregularidades, como la adjudicación de títulos en zonas de reserva especial minera y de conservación ambiental.

En 2010, el nuevo Ministro de Minas ordenó el cierre de la ventanilla minera y una auditoría a las solicitudes existentes. Mientras tanto, el gobierno Santos se enfocó en promover el artículo 108 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 que habilitó a la autoridad minera para determinar los “minerales de interés estratégico para el país.”

Creyendo estar habilitados por el PND, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería procedieron a expedir tres resoluciones en donde se delimitaban Áreas Estratégicas Mineras (AEM) sobre más de 20 millones de hectáreas en todo el país.

Divididas en 516 bloques mineros, las AEM se extendían sobre 20 departamentos y pretendían adjudicar territorios con presencia de minerales a empresas mineras con alta capacidad técnica mediante procesos de “licitación pública”. Así se buscó crear el mecanismo para ofrecer el subsuelo al mejor postor y que los interesados contribuyeran al estudio del potencial geológico de Colombia. Y, aunque el proceso se denomine “licitación pública”, es en realidad una licitación entre privilegiados con el objetivo final de permitir la minería de gran escala en el país.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 también incluyó la figura en su artículo 20, esta vez llamándola “Áreas de Reserva Estratégica Mineras”. Es decir, la figura sigue latente y es probable que las autoridades persistan en dicha forma de adjudicar territorios para la minería en los próximos años.

¿QUIÉNES SON LOS INVERSIONISTAS DEL SECTOR MINERO?

-Empresas de capital privado (no existen en Colombia empresas mineras 100% públicas ni de capital mixto).

-Varias empresas encadenadas a operaciones en otros países del mundo, es decir empresas transnacionales.

-Actores altamente organizados que posicionan su agenda mediante agremiaciones como la Asociación Colombiana de Minería.

-Actores con contacto directo con Ministerios, funcionarios de Gobierno y embajadas europeas y norteamericanas en espacios como el Comité Minero-Energético.

AUNQUE EL GOBIERNO NACIONAL REALIZÓ LOS ESTUDIOS GEOLÓGICOS PARA DELMITAR LAS AEM, ESTO NO HIZO LOS ESTUDIOS POBLACIONALES CORRESPONDIENTES, EN DONDE CONSIDERARA:

El potencial de los factores ambientales con vida, como las plantas, la fauna y los microorganismos.

El potencial de los factores ambientales sin vida, como el suelo, las rocas, el aire y el agua.

El uso productivo de los territorios y las actividades económicas rurales, como la pesca, la caza, la agricultura y la minería tradicional.

La importancia cultural para las comunidades que habitan o circundan las zonas delimitadas como AEM.

El 20 de febrero de 2012, cuando el Ministerio de Minas preguntó al Ministerio del Interior si antes de demarcar las AEM era necesario adelantar procesos de consulta previa, el Director de Consulta Previa respondió que no se debía consultar con las comunidades protegidas por el Convenio 169 de la OIT. Basándose en esta respuesta, las autoridades mineras escogieron no realizar el proceso consultivo.

CONSULTA PREVIA:

Derecho fundamental de las comunidades indígenas y afrodescendientes que debe garantizarse antes de que el Estado emprenda u autorice cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras (OIT, Art 15.2 Convenio 169 de 1989).

CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO:

Derecho fundamental de las comunidades étnicas a conocer y pronunciarse sobre los planes de desarrollo e inversión a gran escala que tengan un impacto significativo en el derecho de uso y goce de sus territorios ancestrales y en los recursos naturales de los cuales depende su subsistencia (CorteIDH, Sentencia Saramaka v. Surinam de 2007).

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Además de las comunidades étnicas, la ciudadanía en general fue abiertamente excluida de la decisión de demarcar AEM. Tanto en el Congreso como en los escenarios locales debió discutirse a cabalidad los planes de ordenación del territorio, especialmente porque la actividad minera a gran escala tiene la capacidad de alterar trascendentalmente las formas y los modos de vida de las variadas y diversas poblaciones del país.

Al no realizar estudios ambientales previos y concentrarse solo las características de los minerales y su ubicación, se dejó de lado el impacto económico, social y ambiental de la medida.

DERECHO AL AGUA

Algunos bloques mineros de las AEM se superponen con ecosistemas de producción hídrica de especial importancia ecológica y comunitaria. Este conflicto crea un riesgo y una amenaza cierta a la primera dimensión del derecho al agua; el derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, asequible y accesible. Además, frente a la falta de estudios sobre la disponibilidad del agua para consumo humano en Colombia, la eventual demanda del recurso hídrico para la actividad minera representa un riesgo de acaparamiento.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA:

Al demarcar AEM las autoridades mineras alteran de forma unilateral la destinación productiva de los territorios; aquellas con potencial agropecuario serían ahora destinadas a actividades mineras. Además, la presencia de complejos mineros en zonas rurales afectaría al campesinado, sujeto de especial protección constitucional, y sus expectativas de preservar y desarrollar zonas de producción alimentaria.

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO:

La delimitación de AEM sobre el 22 departamentos, en especial sobre el Macizo Colombiano, el Chocó Biogeográfico y la Amazonía, se hizo sin estudios íntegros, completos y detallados sobre la riqueza ambiental y en biodiversidad de estas zonas. La falta de estudios no permite anticipar adecuadamente las consecuencias ambientales que conlleva destinar estas regiones para la minería. Además, como estas regiones son consideradas esenciales para contrarrestar los efectos del cambio climático, la medida es irresponsable y constituye una abierta amenaza al derecho al medio ambiente sano.

Luego de varios meses de investigación sobre las AEM, y de recibir respuestas con información parcial de las instituciones públicas sobre la expansión de la minería en el país, 16 consejos comunitarios del Chocó, el Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó y Tierra Digna presentaron una acción de tutela ante la Corte Constitucional el 10 de septiembre de 2013.

Las comunidades negras y afrodescendientes del Chocó fueron valientes al demandar las resoluciones que delimitaron las AEM en el mapa de Colombia. Sin embargo, estas no son las únicas afectadas, pues se demarcaron bloques mineros en un quinto del país, lo que afecta las poblaciones en todos esos territorios.

ENTONCES,
¿LAS AEM SON UNA MEDIDA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO?