Áreas estratégicas mineras

¿QUÉ DIJO LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA T-766 DE 2015?

tierradigna

Para la Corte Constitucional, la tutela contra las AEM planteaba problema jurídico en dos momentos. El primero para definir si la Corte podía revisar la tutela. El segundo para determinar si las autoridades mineras vulneraron los derechos de las comunidades a la consulta previa, al territorio, a la diversidad étnica y a la participación ciudadana.

Modificaron unilateralmente el destino económico y productivo de dichos terrenos, definiéndolo como lugar de exploración y explotación minera.

Crearon una restricción para el uso del territorio e impusieron un modelo de desarrollo basado en la industria extractiva.

Que los posibles oferentes se desplacen a dichas zonas con el fin de evaluar si se justifica o no participar en el proceso de subasta de los bloques mineros.

Se expone a las comunidades a ser víctimas de un eventual interés por parte de los actores armados que operan en el departamento del Chocó por el control y la explotación ilegal de sus tierras.

En consecuencia, los acercamientos por parte del personal de las autoridades mineras y de los actores privados interesados en ganar las concesiones pueden afectar las costumbres y valores culturales de las comunidades afrodescendientes.

En resumen, estos efectos NO GARANTIZAN la obligatoria compatibilidad que exige el derecho entre la protección de la identidad cultural de las comunidades y la explotación de los recursos naturales en sus territorios.

Este fallo exige que el gobierno avance procesos de consulta previa si quiere desarrollar la minería a gran escala de forma organizada. Por eso es el momento adecuado para fortalecernos como comunidades y organizaciones étnico-territoriales y estar listos y calificados para participar en los procesos consultivos que vendrán.

Finalmente, ¿obstaculiza el desarrollo del país que las AEM no sean adjudicadas lo antes posible?

No, por el contrario, las condiciones impuesras a la demarcación de AEM nos aseguran que el capital mineral de Colombia se adjudicará de una forma democrática: respetando los derechos de las personas que viven en los territorios “estratégicos” y asegurándonos que la ordenación del territorio contemplará elementos más allá del pontencial mineral, como los ecosistemas y la diversidad social y cultural de nuestro país.

Respetar los derechos fundamentales SIEMPRE FORTALECE EL DESARROLLO pues hace a nuestra sociedad más DEMOCRÁTICA.

Estamos transformando la política minera, de la piñata de los títulos mineros y la pre-feria de los privilegiados por las Áreas Estratégicas Mineras, a la fiesta de la democracia.