REPRESAS

REPRESAS

Agua libre, no presa


La actual y acelerada dinámica económica mundial viene fundamentada en un modelo de desarrollo que no cesa en su creciente demanda de energía. Muchos países han adoptado la construcción de grandes represas como solución a esta necesidad energética que impone el casi-obligado crecimiento económico. Tan solo a modo de ilustración podemos mencionar que entre 1986 y 1995 se construyeron un promedio de 260 grandes represas por año al nivel mundial, y se estima que existen más de 50.000 de ellas en el mundo. En el caso de América Latina, se calcula que a el año 2000 habían sido construidas más de 1.600 grandes represas; mientras que datos de 2008 informaban de más de 300 en proyección.

Uno de los aspectos más preocupantes  de este panorama, es el de un incremento en los procesos de desterritorialización de poblaciones rurales, procesos que se caracterizan, en la mayoría de los casos, por adelantarse en ausencia de los diagnósticos ambientales y sociales requeridos, así como de una verdadera participación pública. Lo anterior ha terminado en la producción de gravísimos impactos ambientales y sobre los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas, los cuales ni de lejos han podido ser contrarrestados por los planes de mitigación de impactos que las empresas y operadoras de esas grandes represas proponen.

A pesar de las graves y a menudo insuperables afectaciones, países como Colombia, con grandes potenciales hídricos, le apuestan a un modelo de desarrollo energético que no duda en poner los territorios al servicio de la industria de generación energética a partir del represamiento de aguas. El Estado colombiano a través de varios documentos, proyectó pautas generales para potenciar la productividad del país a partir del aprovechamiento de este recurso, definiendo el sector de generación de energía como industria estratégica, anteponiéndose los intereses del capital empresarial y la inversión extranjera por delante de las necesidades de las comunidades que están asentadas en el territorio.

Ante este panorama, Tierra Digna trabaja en favor de las comunidades y en defensa del territorio que se ve afectado por la construcción de estas represas, documentando los diversos impactos que producen, ofreciendo estrategias de exigibilidad de los derechos afectados, y visibilizando a través de la incidencia la problemática. El objetivo es el de reivindicar los derechos de las comunidades y  poner de relieve la manera en que el modelo de desarrollo energético que propone el gobierno es insostenible por los impactos ambientales y sociales que genera. Actualmente Tierra Digna asesora a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico el Quimbo en el departamento de Huila y a las comunidades campesinas afectadas por el proyecto hidroeléctrico Urra I en Tierra Alta, Córdoba.

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