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EMPRESAS
Y DERECHOS
HUMANOS

9 Marzo, 2016

LAS 7 PERLAS DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

1.  El proceso de construcción del PNA se llevó a cabo sin contar con las comunidades afectadas por violaciones de DDHH por parte de Empresas, tratándolas como meras receptoras de la política pública, sin proporcionar una participación efectiva en su formulación. En su construcción, el PNA adolece de deficiencias metodológicas, de una restringida participación por parte de la sociedad civil y, en particular, de las comunidades afectadas. Aunque el documento afirma haber sido alimentado por talleres territoriales[1] y por encuentros intersectoriales celebrados en Medellín y Cartagena, de acuerdo a información suministrada por la Consejería Presidencial de DH, el contenido de los talleres se enfocó en socializar el marco internacional de Empresas y Derechos Humanos y en recibir aportes de los asistentes, no en la construcción de un diagnóstico serio sobre los problemas que en derechos humanos genera la actividad empresarial, y mucho menos en concertar el enfoque, los objetivos y las líneas de acción del PNA. Cabe mencionar además que la Mesa Técnica conformada para la formulación del PNA[2], tampoco cuenta con la participación por parte de los sectores afectados en sus derechos por las actividades empresariales en el país.

 

2.  El PNA en su formulación omite el problema central, pues no reconoce que las empresas son generadoras de conflictos territoriales en la ejecución de sus actividades, que las Empresas generan impactos (daños) que derivan en violaciones de DDHH. Como consecuencia de lo anterior, el PNA no es un mecanismo proporcional ni efectivo para atender la crisis en términos de irrespeto a los DDHH. Usar vocablos como fomentar, contribuir, propender, etc., deja la puerta abierta a la inoperancia, y eso es algo que el Estado no puede permitirse en un contexto de tan graves violaciones a DDHH.

 

3.  El PNA pasa por alto que gran parte de las violaciones a DDHH se dan en el marco del incumplimiento con las leyes nacionales y la Constitución por parte de las Empresas y del mismo Estado. El Estado debe exigir (y exigirse) un cumplimiento cabal de la Constitución y las leyes, tomando el respeto a los DDHH como parte del bloque de constitucionalidad, y siendo éste un aspecto prioritario e imprescindible para el desarrollo de las actividades económicas en territorio colombiano. El respeto a los DDHH no puede de ninguna manera ser considerado una cuestión de cultura empresarial, sino una obligación que nos asiste a todas y todos, incluido el Estado y las empresas. El PNA concentra el papel del Estado en fortalecer las prácticas de debida diligencia por parte de las empresas, dejando de lado su función coercitiva y sancionatoria que favorece el cumplimiento efectivo de las leyes, y su función legislativa para ofrecer además respuestas de tipo normativo y regulatorio para ofrecer garantías a las víctimas de violación de DDHH y para recuperar el control frente a los riesgos que se ha demostrado tienen la implementación de los proyectos de inversión en los territorios.

 

4.  El PNA adolece de un gran vacío en diagnósticos previos a su formulación (diagnósticos sobre problemáticas regionales, sobre las brechas de normativa en Empresas y Derechos Humanos, sobre mecanismos de remediación, sobre los problemas de la Consulta Previa, etc.), lo cual lo convierte en un instrumento carente de un verdadero análisis acerca de las problemáticas a atender. Esto, unido a que el PNA plantea el respeto a los DDHH como “ventaja competitiva empresarial”, nos lleva a cuestionar cuál es el verdadero objetivo de la redacción de este Plan: ¿el objetivo es realmente atender las violaciones a DDHH que se están constatando en los territorios? ¿o más bien lo que se pretende es ofrecer un escenario amigable para que el flujo de inversiones hacia Colombia cuente con cierta estabilidad jurídica en base a estándares internacionales de responsabilidad?

 

5.  El PNA ignora el evidente desequilibrio en el diálogo entre Empresas y comunidades afectadas por violaciones de DDHH, y promueve los espacios multi-actor y los mecanismos no judiciales como mecanismos participativos de prevención, mitigación, resolución de conflictos e incluso acceso a remediación frente a las tensiones y violaciones de DDHH por parte de Empresas. Este desequilibrio entre las empresas, que cuentan con grandes recursos y capacidad de incidir en el diseño de las mismas políticas públicas, y las comunidades, a menudo en situación de vulnerabilidad, impide que la participación sea cualificada e igualitaria, y niega la posibilidad de un verdadero ejercicio de exigibilidad de sus derechos, visto que los mecanismos de acompañamiento que propone el Plan (a través de un eventual acompañamiento de la Defensoría) son sin duda insuficientes para cerrar la brecha de desigualdad en este sentido.

 

6.  El PNA no ofrece ningún tipo de garantía para las víctimas de violación de DDHH por parte de Empresas, pues precisamente en estas últimas el Estado delega i) la recepción de quejas y reclamos sobre los impactos adversos en DDHH, ii) el seguimiento de los avances en mitigación de impactos negativos y iii) la evaluación de impactos posibles o existentes de su actividad sobre las personas y sobre el medio ambiente. Este planteamiento desconoce en enfoque pro victima que debe inspirar todos los marcos en materia de DDHH, pues la víctima debe reclamarle al agente violador de sus derechos; adicionalmente, nadie más allá de las empresas valora qué tan apropiadas son las medidas tomadas y, además, el PNA no prevé ningún mecanismo para el caso en que no se tome ningún tipo de acción frente a los impactos negativos ocasionados.

 

7.  El PNA, apelando al marco de Empresas y Paz, hace caso omiso de la patente contradicción que existe entre las políticas promotoras de las empresas como actoras centrales en la construcción de paz y los numerosos conflictos vivos que se registran en los territorios derivados del desarrollo de las mismas actividades empresariales y de inversión. Adicionalmente, el PNA no hace referencia en ninguno de sus puntos sobre cómo abordar la incómoda cuestión, en el marco de los acuerdos de paz, de la relación entre empresas y conflicto armado, y cómo algunas de estas entidades han sacado provecho del mismo para consolidar sus inversiones en Colombia.

 


 

1 Casanare, Huila, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia y Valle del Cauca.
2 Mesa Técnica liderada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, conformada por: la Defensoría del Pueblo, la Fundación Ideas para la Paz (representante de la sociedad civil y secretaría técnica de Guías Colombia y Compromiso Ético Suizo), la secretaría técnica del Comité Minero Energético, AECID, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 

 Las 7 Perlas del PNA

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