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EMPRESAS
Y DERECHOS
HUMANOS

14 Marzo, 2016

Comunicado a la Opinión Pública

Enfoque empresarial del Plan Nacional de Acción amenaza la protección de los derechos humanos en Colombia

 

Bogotá, 15 de marzo de 2016

 

El Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’ expresa su preocupación por la forma como el Gobierno Nacional está construyendo la política pública sobre “empresas y derechos humanos” en Colombia. Consideramos que, mediante iniciativas multi-actor y sin participación adecuada de comunidades locales, dicha política busca satisfacer las necesidades de las principales empresas del país y no ofrece ninguna garantía (jurídica o política) para las víctimas de violaciones a derechos humanos relacionadas con las actividades empresariales en terreno. En cambio, de continuar con el rumbo que se ha trazado, dicha política profundizará los conflictos socio-ambientales del país y socavará la construcción de paz en Colombia.

 

Entre el 9 y 10 de marzo, en un evento titulado “Avances y Retos en Empresas y Derechos Humanos en Colombia y América Latina,” la Consejería Presidencial, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y otras cinco organizaciones convocaron a miembros del Estado, el sector privado y algunas organizaciones de la sociedad civil para presentarles el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas (PNA) y la Guía País en Derechos Humanos y Empresas. Se incluyó, además, un foro sobre los retos del sector minero en materia de empresas y derechos humanos. Tierra Digna fue una de las organizaciones convocadas.

 

Tierra Digna asistió a este evento para plantear las problemáticas de las que adolece el PNA (Lea Las 7 perlas del PNA), que ya habíamos documentado y hecho públicas frente a su borrador, sin obtener mayor respuesta hasta la fecha; y para conocer el proceso Guía País impulsado por el Instituto Danés de Derechos Humano y la FIP. También asistimos para acompañar a dos representantes comunitarios que fueron convocados sin que se les suministrara conocimiento pleno sobre las metodologías, el contenido y los objetivos de la jornada; estos representantes pertenecen a comunidades afectadas por el desplazamiento forzado por contaminación, que empresas transnacionales de carbón (como Drummond y Glencore) han propiciado en el departamento de Cesar (Lea El Carbón de Colombia: ¿Quién Gana y Quién Pierde?).

En este espacio tuvimos la oportunidad de constatar que ninguno de los instrumentos mencionados ofrece las respuestas que se esperarían de una política pública en derechos humanos: un marco institucional que dé respuestas claras a las violaciones ya ocurridas y prevenga su repetición. En lugar de ello, tal como lo expresó la Consejería, el PNA es un marco para responder a las necesidades de las empresas. Asimismo, la Guía País aporta a este proceso ofreciendo un portal web de información para nuevos inversionistas, en concordancia con los planes de desarrollo económico del Gobierno Nacional.

 

Pese al sesgo empresarial, fue destacable la intervención de la Defensoría del Pueblo, pues señaló, entre otras cosas, que es indispensable que el PNA (i.) refleje las obligaciones que asisten al Estado frente a los derechos humanos (respetar, garantizar, satisfacer y reparar), (ii.) ofrezca respuesta a todas y cada una de las observaciones planteadas por la sociedad civil y (iii.) delimite la debida diligencia de forma tal que permita al Estado realizar actividades de vigilancia y control efectivas sobre las prácticas corporativas.

 

En nuestro trabajo de acompañamiento directo en terreno, hemos visto una realidad de país que nada se corresponde con la visión planteada por las instituciones que dinamizan estos espacios de Empresas y “Derechos Humanos.” Desde las comunidades, el diagnóstico incluye graves violaciones a derechos, así como riesgos de despojo, desplazamiento, falta de transparencia, restricciones ilegítimas a la participación ciudadana y militarización de territorios (Lea Seguridad y Derechos Humanos ¿Para Quién?).

 

Evidenciamos, además, que los participantes de las organizaciones convocadas no refieren en sus reflexiones los principios básicos de aplicación de los derechos humanos (principio pro-víctima, pro-omine, igualdad y no discriminación, precaución y prevención, etc.) ni a los mecanismos del Estado para la garantía de derechos fundamentales.

 

Nos sentimos preocupadas por el rumbo que seguirá esta iniciativa, pues al obviar las problemáticas concretas en terreno, a sus víctimas y las herramientas esenciales para la protección de derechos, cualquier instrumento vinculante que se construya en el futuro solo profundizará la injusticia social y ambiental de nuestro país y se convertirá en un inmenso obstáculo para la consecución de la paz territorial, estable y duradera, que todos esperamos. 

 

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 Comunicado PNA

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