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18 Abril, 2016

Los imperdonables vacíos de los Principios Voluntarios de Seguridad y DDHH en Colombia

Tierra Digna saluda la invitación a participar en el evento “Exploring the role of national civil society organisations in the Voluntary Principles Initiative” (como parte de la plenaria anual de 2016 de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos en Bogotá). Aprovechando esta oportunidad, nos gustaría traer a la discusión nuestra perspectiva en dos asuntos: (i.) los principios constitucionales que deben guiar este tipo de iniciativas en Colombia y (ii.) las implicaciones en derechos humanos de las políticas de seguridad en terreno y su impacto en comunidades locales. Queremos compartir con todos los actores clave (Estados, empresas y ONGs) las reflexiones que hemos recogido durante seis años de investigación e incidencia en temas de industrias extractivas y derechos humanos. Como tal, explicaremos cómo y por qué queda mucho trabajo por hacer para que los PVs en realidad respeten el Estado Constitucional y Democrático de Derecho de Colombia y contribuyan de alguna forma a una paz sostenible y duradera.

 

Cada vez existe más consenso en el nivel internacional en que el uso de la fuerza por parte de Estados debe ser progresivamente restringido y controlado. Tal lógica existe porque el objeto y fin último de los Estados democráticos es respetar, garantizar y satisfacer el goce efectivo de los derechos humanos. Con este propósito en mente, el ordenamiento jurídico colombiano ha desarrollado principios constitucionales claros que deben guiar la interpretación de todas las decisiones (administrativas, legislativas y judiciales), especialmente aquellas relacionadas con políticas de seguridad. Así, es de gran preocupación para Tierra Digna que hayamos constatado que tres de los más importantes principios estén ausentes en el proceso de implementación de los PVs en Colombia:

 

1. Principio Democrático, de Legalidad y de Separación de Poderes: En otros espacios hemos discutido cómo los PVs en Colombia avalan la existencia de convenios de cooperación entre los batallones locales del ejército y empresas de hidrocarburos y mineras[1]. Demostramos que los convenios de seguridad se fundamentan en una sobre-interpretación de una sentencia judicial (T-651/96), carecen de un análisis cuidadoso de riesgo para las comunidades locales y operan sin regulación por parte del Congreso o los órganos de control. Esta realidad entra en conflicto con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece el principio “democrático y no-autoritario.”[2] Para respetar el principio Democrático, de Legalidad y de Separación de Poderes, estas iniciativas deben desarrollar mecanismos de seguimiento, control y evaluación que permitan a las autoridades públicas examinar la conveniencia y procedibilidad bajo la luz de nuestro ordenamiento jurídico nacional.

 

Recomendaciones: Encarecidamente instar a los Estados que acompañan la implementación de los PVs en Colombia para que (1) exhorten al ejecutivo colombiano para que presente al Congreso de la República un Proyecto de ley que regule las políticas de seguridad relacionadas con operaciones empresariales, y así se abra al debate democrático este asunto; (2) se garantice la participación de los órganos de control en los escenarios en los que se avanza en la implementación de los Principios Voluntarios de Seguridad y DDHH y del Plan Nacional de Acción de Empresa y Derechos Humanos, para que realicen lo de su competencia; (3) se provea de asesoramiento jurídico a los espacios multi-actor sobre los principios constitucionales colombianos, la doctrina del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sobre mecanismos efectivos de separación de poderes cuando se discutan políticas de seguridad, de cara a evitar que se continúe avanzando en la formulación de medidas que no incorporen esos pilares fundamentales en el análisis.

 

2. Transparencia: En Colombia, el contenido de los documentos públicos puede ser reservado o secreto por un periodo concreto de tiempo si criterios de razonabilidad y proporcionalidad lo justifican[3]. Aun así, pese al compromiso de los PVs con la transparencia, el contenido de las discusiones de los espacios multi-actor permanecen clasificados; así mismo se encuentran los convenios de seguridad. Esta realidad contradice el principio de la Corte Constitucional sobre la transparencia y viola el derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la información pública. Más aún, siendo que las fuerzas armadas han sido un actor parte del conflicto armado interno, reservar la información sobre las unidades militares que reciben recursos por parte de empresas interfiere con el acceso a la verdad, a la justicia, la reparación integral y las garantías de no-repetición (pilares clave de justicia transicional para el escenario de pos-conflicto y construcción de paz).

Recomendación: Instar categóricamente a los Estados que acompañan la implementación de los PVs en Colombia para que le exijan al Ministerio de Defensa que cumpla con sus compromiso de desclasificar mayor información sobre los convenios de seguridad adquirido durante los debates de control político realizados en el Congreso en 2014 y 2015[4].

 

3. Principio Pro-Homine: El “interés público” no es una regla sino un principio que debe ser ponderado,[5] especialmente si ese “interés público” se invoca para crear políticas de seguridad (las cuales pueden tener el mayor y más grave impacto sobre los derechos humanos). De esta forma, las políticas de seguridad deben ser analizadas a través del lente del principio pro-homine del derecho internacional,[]6 según el cual la ley debe ser interpretada en la forma que más beneficie a los seres humanos afectados por una decisión gubernamental. Con esta obligación internacional en mente, es preocupante que la implementación de los PVs haya priorizado la seguridad de los inversionistas mientras no ha conseguido que se realice un análisis de riesgo para las comunidades locales (muchas veces rurales y compuestas por minorías étnicas). Hemos informado en extenso sobre los riesgos existentes en los departamentos de Cesar, Chocó y Tolima,[7]  pero todas las políticas de seguridad discutidas bajo el marco de los PVs deben rendir cuentas sobre sus afectaciones a los territorios y personas involucradas.

 

Recomendación: Instar a los Estados que acompañan la implementación de los PVs en Colombia para que (1) fortalezcan el componente de remediación judicial en el marco de los PVs y se le permita a la rama ejecutiva cumplir con sus obligaciones internacionales de DDHH y DIH; (2) requerir que las iniciativas multi-actor incorporen estrategias judiciales que les permitan investigar la relación entre las políticas de seguridad y graves violaciones a los derechos humanos (masacres, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado), identifiquen las cadenas de mando y ejecuten sanciones ejemplarizantes; y (3) someter a un análisis de conveniencia, con enfoque Pro Homine sobre los derechos de las poblaciones, la adopción de medidas de seguridad semejantes en el futuro.

 

Tierra Digna cree que el escenario de pos-conflicto exige que modifiquemos la forma como nuestra sociedad entiende los asuntos y las políticas de seguridad. Específicamente, debemos transformar nuestro entendimiento de la seguridad como uso de la fuerza y represión por una noción de seguridad que signifique la protección de los derechos de la gente. Por ende, creemos que los criterios constitucionales anteriormente expuestos deben ser consagrados en el marco de los PVs si su objetivo real es crear una efectiva cultura de paz en Colombia.

 


 

[1]Tierra Digna (2015), Seguridad y Derechos Humanos ¿Para Quién? Voluntariedad y Militarización, estrategias de las empresas extractivas en el control de territorios. http://bit.ly/1QPts5t

 

[2]C-540/12; C-221/94; C-251/02; C-344/13; T-1206/01; C-020/96.

 

[3]C-540/12.

 

[4]“Convenios Militares,” diciembre 5 de 2015, video de YouTube: http://bit.ly/1VyAzDZ

 

[5]C-251/02

 

[6]Artículo 29, Convención American sobre Derechos Humanos.

 

[7]Tierra Digna (2015), Seguridad y Derechos Humanos ¿Para Quién? pp. 78-125. http://bit.ly/1QPts5t

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