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8 Septiembre, 2014

Informe Crisis Humanitaria Chocó

Artículo publicado en defensoria.gov.co

Ante la ausencia de Estado, Defensoría inició una ‘cruzada’ para enfrentar crisis humanitaria en Chocó

 

Con motivo de sus dos primeros años de gestión, el Defensor del Pueblo trasladó, por una semana, su despacho al Chocó.  ( Defensoría del Pueblo)

 

Septiembre 4, 2014

Categorías: Afrodescendientesminería ilegal

 

Luego de una semana de visita en el departamento, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, anunció que promoverá acciones jurídicas y disciplinarias contra aquellos funcionarios del Estado que no atiendan los reclamos de la comunidad. Además de los problemas de salud, educación, servicios públicos y orden público, Otálora Gómez advirtió sobre la grave problemática generada por la minería ilegal y pidió atención especial ante el reclutamiento de niños para cometer delitos.

 

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, anunció que ante la ausencia del Estado en el Chocó, como Ministerio Público iniciará una cruzada por esa región. “Si el Gobierno y las demás entidades del Estado no atienden las denuncias de los ciudadanos, se instaurarán acciones de tutela y populares, así como denuncias judiciales y disciplinarias contra los funcionarios que no cumplan con su deber, y si aún no es suficiente, se acudirá a los organismos internacionales”, destacó. (Escuchar declaraciones)

 

Las declaraciones fueron hechas durante una Audiencia Defensorial en Quibdó, luego de una semana de visita humanitaria en el departamento (Ver galería de imágenes), en la que además afirmó que “llegó el momento de que dejemos de dolernos y utilizar las famosas frases de cajón: ‘el abandono del gobierno nacional’, ‘la crisis histórica de los derechos humanos’, no… llegó el momento de actuar”.

 

Al manifestar su molestia por la ausencia de algunos funcionarios del Gobierno nacional a la Audiencia, Otálora Gómez dijo que “lamentablemente ocurre con Chocó y sus gentes, que por su nobleza se acostumbraron a esos desplantes. Aquí deberían estar poniendo la cara los ministro del Interior, de Minas, de Salud; pero siempre Chocó está en un segundo lugar, porque parece que siempre hay algo más importante que Chocó”.

 

Uno de los asuntos preocupantes es que este departamento ha padecido el accionar de los grupos armados ilegales y en la actualidad es la minería ilegal la que tiene en peligro al Chocó. “Hoy en día Chocó se está enfrentando a una problemática de tal naturaleza, que mucho me temo que no la pueda soportar. Mucho me temo que vaya a acabar con el Chocó y es el tema de la minería ilegal”, indicó el Defensor.

El daño ambiental de esta práctica acarrea la pérdida de terrenos y ríos. “¿Qué va a pasar con el Chocó cuando ya ni tierra tenga? Como ocurre con los pobladores del río Quito que ya ni siquiera pueden pescar para alimentarse por la contaminación que están viviendo y padeciendo”, señaló el Otálora Gómez.

 

El funcionario señaló que aunque en la región muchos creen estar en el furor del negocio; muy pocos se atreven a denunciar que se están llevando a sus mujeres, que se incrementó la prostitución, que los problemas de salud están ahí ocultos. Cuándo no haya minería la población ni siquiera van a tener dónde cultivar alimentos de pancoger. Muchísimo menos va a haber pesca porque todo está contaminado.

 

También fue enfático en advertir que se debe atender la situación de los menores de edad en Chocó y pidió a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas, que tome medidas ante los problemas dados a conocer a la Defensoría, como el aumento del reclutamiento forzado. Están vinculando a niños de apenas 8 o 9 años al tema del microtráfico y a la drogadicción, alertó el Defensor.

Por último, como una manera de fortalecer la presencia en la región, el defensor Otálora Gómez se refirió a la inauguración de la nueva sede de la Regional de la Defensoría en Quibdó, la mejor de las 36 sedes que tiene la Defensoría del Pueblo en el país, para atender precisamente a una de las poblaciones con mayor vulneración de sus derechos humanos.

 

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