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14 Julio, 2016

¿Qué hay detrás de la noticia sensacionalista de que más de 30 niños habrían muerto por tomar agua con mercurio en Chocó?

El cómo y por qué la situación del río Atrato es un problema tan complejo y estructural que va más allá de una denuncia amarillista.

 


Foto: Niñas y niños bañándose en la ribera del Atrato en Riosucio, Riosucio, Chocó. Archivo Tierra Digna.

 

Como un jugoso chisme corrió rápidamente la “noticia” de que 37 (¿o 34?) niños habrían muerto por beber agua contaminada con mercurio en Chocó. Pese a que los mismos medios en donde se publicó la supuesta noticia cuestionaron la estadística, la reportaron en su debido contexto o la desmintieron desde argumentos académicos, nadie entendía en realidad qué estaba sucediendo. Además de la falta de precisión en el número, no se sabía si los niños muertos habían sido indígenas o afro, o si eran del norte, centro o sur del Chocó. Lo único en lo que todos los artículos parecían coincidir era en que la “ONG Tierra Digna” había “prendido la alerta” con esa afirmación en una acción de tutela sobre la contaminación del río Atrato. ¿Qué pasó ahí? ¿Decía eso la demanda? o ¿fue simplemente un teléfono roto? ¿Periodismo mediocre o intereses ajenos buscando desviar la noticia?

 

Como la demanda no dice eso, y preferimos pensar que la mejor explicación del descache mediático es la interpretación ligera, descontextualizada y libre de mala fe de los periodistas, en este escrito queremos aclarar y desentramar el meollo. Aprovechamos, además, para explicar muy bien el problema de raíz, pues lo que sucede en el río Atrato merece mucha más atención (y argumentación) que una simple estadística amarillista.

 

De cómo, en un parpadeo, la exigibilidad de derechos se volvió sensacionalismo.

 

La “noticia” de que más de 30 niños habrían muerto por tomar agua contaminada con mercurio en Chocó se presentó días después de que la Corte Constitucional visitara la ciudad de Quibdó para constatar la contaminación del río Atrato. Una noticia esperanzadora, que la Corte estuviera interesada en pronunciarse sobre una de las mayores y más serias crisis socio-ambientales de Colombia, en un par de días se redujo a una denuncia descontextualizada que tiene a la policía actualmente “investigando.” En esta comunicación explicamos cómo se llegó, de la tutela interpuesta por las comunidades de la cuenca del Atrato y Tierra Digna en febrero de 2015, a la noticia sensacionalista en febrero de 2016. Y que, valga la aclaración, intentamos desmentir en una entrevista para El Espectador y mediante una solicitud de rectificación elevada a El Tiempo.

 

Tierra Digna nunca ha asegurado que exista una relación entre la muerte de niños y el consumo de agua contaminada con mercurio. Especialmente porque hemos estudiado rigurosamente el tema y sabemos que las vías de contaminación principales son el consumo de pescado (por la bio-acumulación de metil-mercurio en los organismos de la cadena trófica) y la inhalación de vapor de mercurio (cuando al metal líquido lo queman para separar el oro del sedimento), no el consumo de agua. No obstante, en aras del principio de buena fe, esta es nuestra teoría del caso.

 

¿Qué decía la tutela?

 

La tutela interpuesta (accesible en este enlace) aborda la multiplicidad de factores que contaminan el Atrato. Desde la minería informal, pasando por la tala indiscriminada de bosques, hasta la falta de sistemas de acueducto y alcantarillado que proporcionen agua potable y de calidad a las comunidades ribereñas. Además, enfoca todos los argumentos en clave de la vulneración a los derechos fundamentales de las comunidades que cada factor contaminante representa. La acción, en ningún momento, busca que se criminalice a los mineros informales ni a las comunidades. Por el contrario, el objetivo es que las instituciones del Estado actúen conjuntamente sobre el problema de raíz y atiendan la vulnerabilidad y la falta de oportunidades de las poblaciones locales.

 

En dicho contexto, la tutela menciona en las páginas 18 y 19 la muerte de niños por ingesta de agua contaminada, pero dentro del acápite 3.3: “Las afectaciones a las comunidades del Atrato por ausencia de redes de acueducto y saneamiento básico.” En otras palabras, se documenta la real y trágica muerte de niños Embera-Katio del Alto Andágueda y Bajo Atrato, pero asociamos el hecho con la presencia de contaminantes producto de la disposición indebida de residuos sólidos y la omisión estatal en la provisión del derecho a la salud y al agua.

 

En ningún momento conectamos estas muertes con la contaminación del agua con mercurio. De hecho, en la página 39, cuando abordamos el problema del mercurio, especificamos que el principal riesgo es el “consumo de peces y semillas con altas concentraciones o exposiciones directas”. Y, aunque el problema de la contaminación con mercurio es extremadamente grave, como lo está constatando el Instituto Nacional de Salud, parte del problema es que aún no existen estudios integrales, precisos ni focalizados sobre el tema. Entiéndase, entonces, que la noticia nunca fue una aseveración de Tierra Digna.

 

¿Cómo se llega a esta noticia que falta a la verdad?

 

En algún momento de este teléfono roto, los periodistas sumaron el reporte de la muerte de 3 niños de las comunidades indígenas de Quiparadó y Juinduur de Riosucio en 2013 y la muerte de 34 niños Embera-katio del Alto Andágueda en 2014. El número alarmante que se dio como resultado era 37, y como el tema más visible sobre la contaminación del Atrato es la minería aurífera aluvial y el vertimiento directo de mercurio a los ríos, se conectó el escandaloso número de muertes de niños con la contaminación con mercurio. ¿De quién fue el error? No lo sabemos. Sin embargo, éste se reprodujo sin verificación de la tutela y sin entrevistas a las comunidades demandantes o a nuestra organización. El resultado: una noticia que falta a la verdad.

 

¿Qué impacto tiene esta falsa noticia sobre el problema?

 

1.    La falsa noticia desvía la atención del enfoque estructural de la tutela. Es decir, de tres factores (minería, deforestación e inacceso al saneamiento básico para las comunidades ribereñas) y que ameritan la acción conjunta de las instituciones del Estado, la atención se fija en un hecho puntual impreciso. Para entender exactamente cuál es ese problema estructural y cuál es la lectura de Tierra Digna sobre el tema, visite el enlace de la tutela y permanezca atento a conocer el fallo cuando éste salga a la luz pública. De hecho, en nuestro recurso web interactivo sobre la minería en chocó ya le hemos creado una plataforma accesible aquí.

 

2.    La falsa noticia prende las alarmas en algunos factores pero excluye muchos más. Con la estadística inventada, el Gobierno nacional emprendió esfuerzos por criminalizar a (i) los mineros informales. Por otro lado, algunas instituciones profundizaron su esfuerzo por entender bien (ii) la situación de salud de niños y niñas y (iii) evaluar los efectos de la contaminación del agua con mercurio. No obstante, el enfoque artificiado del problema excluye la problemática de (iv) falta de acceso a agua potable y servicios de saneamiento básico para las comunidades rurales afro e indígenas. Además, se excluye (v) la responsabilidad del Estado en la situación de minería ilegal y de degradación ambiental de cuencas, como la de Río Quito (comprobada en un fallo judicial de 2015).  

 

3.    La falsa noticia pone en duda la veracidad de las denuncias de las comunidades y los mecanismos de exigibilidad de derechos constitucionalmente legítimos. Decir que la tutela se fundamentó en una mentira, como lo propone explícitamente una corresponsal de El Tiempo, socava la legitimidad de la acción y pone en duda el rigor de nuestra organización. Por ello, dejar claro que la noticia fue inventada y nada tiene que ver con los argumentos de la tutela, debe impulsarnos para que apoyemos los esfuerzos comunitarios de exigibilidad de derechos y sigamos de cerca el fallo que la Corte Constitucional emitirá sobre la contaminación del río Atrato.

 

Entendamos juntos que la contaminación del Atrato está ligada a la inacción del Estado y viola los derechos de las comunidades ribereñas a la vida, la salud, el agua, la alimentación y el territorio. Y preparémonos también para todo el trabajo de recuperación, rehabilitación y restauración que tendremos que llevar a cabo para sobrellevar esta crisis social y ambiental.

Solo así podremos defender la vida, el territorio y la cultura.

 

Bogotá, Julio 14 de 2016

 

Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’

 

 

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